Santander, 22 de mayo de 2026.
La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha anunciado que solicitará, a través de sus servicios jurídicos, la devolución de los gastos asumidos por aquellos asociados que se vieron obligados a tramitar el registro estatal de alquileres turísticos, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula esta obligación al considerar que invade competencias autonómicas en materia turística.
La entidad ha valorado positivamente la resolución judicial, que estima parcialmente el recurso presentado contra el Real Decreto 1312/2024 y concluye que el Gobierno central no puede imponer un registro nacional que se superponga a los ya existentes en las comunidades autónomas. La sentencia mantiene, no obstante, la Ventanilla Única Digital como herramienta para el intercambio de información entre plataformas y administraciones.
Desde la Asociación de Turismo Rural de Cantabria consideran que este fallo judicial respalda las advertencias que el sector venía trasladando desde hace meses sobre el impacto de una medida que generaba duplicidades administrativas, incertidumbre y costes innecesarios para pequeños propietarios que ya cumplían con la normativa autonómica vigente.
La obligación de obtener un número de registro estatal a través de la denominada ventanilla única supuso, según la asociación, que numerosos titulares de alojamientos turísticos tuvieran que recurrir a asesoramiento externo, realizar trámites administrativos adicionales y asumir costes económicos que ahora se consideran injustificados.
Por este motivo, la organización pondrá en marcha las acciones necesarias para reclamar la devolución de esos importes en nombre de los asociados propietarios de alojamientos categorizados que realizaron este trámite en cumplimiento de una obligación posteriormente anulada por los tribunales.
La asociación recuerda además que ya trasladó esta postura el pasado año a plataformas como Airbnb y Booking mediante burofax, defendiendo que los alojamientos rurales de Cantabria no estaban obligados a someterse al registro estatal.
“El tiempo ha dado la razón al sector. No es aceptable que pequeños empresarios y familias hayan tenido que asumir costes económicos y burocráticos derivados de una norma que finalmente ha sido considerada una invasión competencial”
La Asociación de Turismo Rural de Cantabria subraya que el turismo rural de la comunidad autónoma opera desde hace años bajo un marco regulatorio autonómico consolidado y supervisado, por lo que la creación de un segundo registro estatal supuso una carga desproporcionada para el sector.
Asimismo, la organización ha avanzado que estudiará las vías jurídicas y administrativas más adecuadas para canalizar esta reclamación colectiva y continuar defendiendo los intereses de sus asociados.
Con esta iniciativa, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria reafirma su compromiso con un modelo turístico regulado, responsable y ajustado a derecho, al tiempo que rechaza cualquier medida que penalice a quienes cumplen con la normativa y sostienen la actividad turística en el medio rural.